Prólogo

Cada año, decenas de millones de personas con antecedentes penales impulsan la economía estadounidense. Cargan nuestros camiones, abastecen nuestros estantes, reparan nuestras carreteras, preparan nuestra comida y construyen nuestras ciudades. Son la columna vertebral invisible de las industrias que mantienen este país en funcionamiento.

La narrativa predominante sobre las personas que se reintegran a la sociedad tras el encarcelamiento es que están excluidas del mercado laboral, que no pueden encontrar trabajo. Pero, como expondrá nuestro informe, la verdad es más insidiosa. Las personas con antecedentes están trabajando, a menudo en los empleos peor pagados y más peligrosos de nuestro país, precisamente por tener antecedentes. Se les bloquea el acceso a buenos empleos y se les deja sobrevivir en los más inestables y explotadores.

Nuestra labor en Beyond the Bars comienza con una verdad simple: no hay camino para poner fin al encarcelamiento sin transformar las condiciones de trabajo. Los Estados Unidos han construido una economía donde el castigo y la explotación laboral están profundamente entrelazados.

Los Estados Unidos han construido una economía donde el castigo y la explotación laboral están profundamente entrelazados. Dentro de las prisiones de nuestra nación, complejos multimillonarios se sostienen gracias al trabajo forzado de personas encarceladas, quienes preparan comidas, limpian celdas, cortan el césped, reparan techos y realizan casi todas las tareas necesarias para mantener las instalaciones en funcionamiento. 

La experiencia de realizar un trabajo bajo coerción deja una marca duradera. Dentro de los muros de la prisión, las personas encarceladas aprenden que el trabajo significa control sin derechos. Al ser liberadas, entran en un mercado laboral que les resulta inquietantemente familiar, donde la autoridad del guardia de la prisión es reemplazada por la del supervisor, y el control de la celda se replica en los talleres de empleos con salarios bajos y alta rotación. Lo que a menudo se descarta en el discurso popular y político como una "mentalidad de prisión" es, en verdad, una adaptación racional a un mercado laboral que abarata la mano de obra, normaliza la condición de "desechable" y entrena a las personas para aceptar la explotación como algo inevitable.

Muchas de las mismas tareas que las personas realizan bajo coerción en la prisión —cocinar, limpiar, reparar, construir, cuidar a otros y resolver conflictos— existen afuera como carreras estables y mejor remuneradas en artes culinarias, saneamiento, logística, construcción, cuidados y mediación de conflictos. Las personas que regresan a casa tras el encarcelamiento ya poseen las habilidades para prosperar en estos campos; sin embargo, las puertas permanecen mayormente cerradas para ellas. Las verificaciones de antecedentes, las restricciones de licencias, las políticas de responsabilidad, las barreras de seguros y el estigma de los empleadores bloquean el acceso, creando una paradoja cruel: el Estado se beneficia del trabajo de las personas en el interior, solo para prohibirles el acceso a las mismas industrias que su labor sostiene una vez que están libres.

Al quedar excluidas de carreras estables, las personas que regresan a casa son canalizadas hacia los únicos trabajos que aún están dispuestos a aceptarlas. La industria del empleo temporal se ha convertido en el punto de entrada por defecto tras el encarcelamiento. Una persona podría postularse para un trabajo en un almacén que paga $25 dólares la hora, ser rechazada debido a una verificación de antecedentes, caminar a la agencia de empleo temporal de al lado, y luego ser enviada a ese mismo almacén al día siguiente, realizando el mismo trabajo por el salario mínimo mientras la agencia de empleo temporal se queda con la diferencia.

Las agencias temporales prometen lo que otros empleadores no ofrecen: colocación rápida sin verificaciones de antecedentes, transporte, una identificación (badge) y pago rápido. Cuando las facturas y las multas judiciales se acumulan, son una de las pocas vías que se abren con la rapidez suficiente.

Este informe expone cómo los sistemas carcelario y de trabajo temporal crean juntos una fuerza laboral que puede ser fácilmente controlada, mal pagada y silenciada. También traza una hoja de ruta para el cambio arraigada en nuestro próximo documento de estrategia, la "Agenda de Libertad Económica", que impulsa dos objetivos interconectados: elevar los estándares en la industria del empleo temporal y ampliar el acceso a empleos sindicalizados, a través de los cuales los trabajadores puedan obtener estabilidad, salarios justos y poder colectivo.

Ofrecemos este informe como un plan de acción para los organizadores tanto del movimiento anticarcelario como del laboral. Es una herramienta para que los organizadores anticarcelarios examinen críticamente cómo abordamos la "reintegración", para reconocer nuestros intereses compartidos con el sector laboral y entender que, sin enfrentar directamente las condiciones económicas de los trabajadores, no podemos ganar. Y para los organizadores laborales, es un llamado a ver las realidades, la resiliencia y las profundas habilidades de los trabajadores con antecedentes, y a entender que organizar a estos más de 114 millones de trabajadores no es opcional ni periférico, sino esencial para la supervivencia y el futuro del propio movimiento laboral.

El trabajo temporal está reconfigurando industrias enteras y amenaza con establecer el estándar más bajo de salarios, derechos y condiciones para todos los trabajadores. Si no organizamos a los trabajadores temporales, cedemos el terreno sobre el cual se construirá el futuro del trabajo..

Maya Ragsdale & Katherine Passley

Codirectoras Ejecutivas, Beyond the Bars